Miembros:
María Luisa Araúz
María Luisa Araúz
María J. Arrocha F.
Caren Cabeza
Caren Cabeza
David Carrillo
Elizabeth Ann Ehrman
Yuris Higuera
Marixel Ledezma
Karina Salazar
Antonio Sanchez
Yalitza Quintero
Edwin Vega
jueves, 4 de diciembre de 2014
martes, 2 de diciembre de 2014
MARIA J ARROCHA - JUICIO ANTE JURADO
JUICIO
ANTE JURADO
Dentro de los
antecedentes históricos que relatan el surgimiento de lo que hoy conocemos como
los juicios que se llevan a cabo ante un jurado de conciencia.
Según la historia,
los jurados de conciencia surgieron como una forma en que el pueblo pudiera
hacer justicia de acuerdo a su propio criterio y a fin de evitar que la
justicia sólo estuviera en manos del poder del gobierno o de quienes
gobernaban.
Los juicios ante
jurado tuvieron lugar en Roma, en donde se hacía un listado de 450 personas
para luego ir reduciendo la lista a sólo 50 jurados. De las 450 personas, que debían ser de la
clase de los caballeros, el acusado tenía el derecho de elegir a 100 de los
450, y posteriormente elegir a los 50 últimos.
El principio indubio pro reo que hoy por hoy se
conoce en nuestra legislación tuvo lugar en el
año 17 A.C. con la Ley Lulia Ludiciorum de Augusto, la cual suponía que
en caso que el veredicto del jurado estuviere dividido en mitad, favorecería al
acusado. De forma tal de la igualdad de votos resolvía en beneficio del
acusado.
Luego entonces, con
el Bill of Right de 1689 tiene lugar la inderogabilidad del juicio por jurado,
el cual se mantiene hasta el día de hoy, el principio fue luego adoptado por
las colonias americanas que lo trajeron a América y de allí fue adoptado por
muchas legislaciones, incluida la nuestra.
Con la Revolución
Francesa, el pueblo de Francia pudo participar de los juicios por faltas y
delitos cometidos por los hombres. Sin embargo, el Código Napoleónico hace que
tenga lugar el sistema mixto en el que el hombre es juzgado por un juez y
también podría ser juzgado por un jurado.
Como quiera que
Panamá formaba parte de la Gran Colombia, muchas de las normas contempladas en
esa legislación, fueron adoptadas por nuestro país, siendo una de esas la
institución del jurado de conciencia.
Panamá mantuvo y aún en nuestros días se
mantiene el principio que las decisiones adoptadas por los jurados de
conciencia son inapelables. Sin embargo, hay lugar a la anulación del veredicto
cuando se compruebe que el jurado basó su decisión del de forma insensata o a
la suerte del procesado, o que la mayoría fue sobornada o que ejercieron
influencia sobre ellos, también en caso que la mayoría del jurado estuviere conformado
por personas impedidas, o en caso que se compruebe que el jurado había
prejuzgado al procesado.
El proceso de
escogencia del jurado se hace a través de una tómbola mediante balotas, de las
cuales se escogen 20 al menos un día antes de la celebración de la audiencia,
el día en que se realizará el acto se escoge a los 8 que conformaran el jurado
de los cuales uno será el suplente.
Estas personas que
serán nombradas como jurado, una vez sean juramentados tienen el carácter de
servidor público hasta el momento en que el Magistrado que preside la audiencia
indique que ha cesado tal condición.
Las personas que
sean nombrados jurados de conciencia deben tener entre 25 y 60 años y deben
vivir en la sede del Circuito Judicial.
Además de ello, no
deben haber sido condenados por delito doloso, ni deben tener historial penal.
También, deben ser personas que gocen de altos valores morales y éticos y ser
reconocidas. (Considero que este principio lo adoptaron de la antigua Roma,
toda vez que en aquella época eran los caballeros los únicos que podían ser
nombrados jurado).
Deben estar en
pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y deben haber culminado sus
estudios colegiales.
Es necesario que
conozcan el idioma español, y es obligatorio el cargo para todos los nacionales
y para los extranjeros que tengan más de 5 años en el país. Sin embargo existen
ciertas excepciones para ser jurado, las mismas están contempladas en el
artículo 436 del Código de Procedimiento Penal, y esto es así pues se busca que
el veredicto sea lo más transparente e imparcial posible.
Para poder ser
juzgado ante un jurado de conciencia, es necesario que nos encontremos ante un
homicidio doloso (salvo algunas excepciones), aborto provocado por medios
dolosos, cuando a causa de ello muera la mujer,
delitos que impliquen un peligro común y delitos contra la salud
pública.
En caso que el
procesado no quiera ser juzgado ante un jurado de conciencia, el podrá
renunciar a tal derecho y entonces le corresponderá a un juez decidir su causa.
El acusado deberá manifestar tal decisión a más tardar 5 días antes que se
lleve cabo el juicio.
Quienes sean jurado
de conciencia tienen derecho a una licencia remunerada durante el tiempo que
dure el ejercicio de la función y también un día de descanso. Todos los costos
de traslado, alimentación y alojamiento correrán por cuenta del Estado.
El papel del jurado
en el juicio del acusado, realmente no se ve sino hasta una vez culminen todas
las partes de evacuar las pruebas que a bien tengan y luego de concluidos los
alegatos de la fiscalía, querellante, y defensor, en ese mismo orden. El juez o
magistrado que preside la audiencia indicará al jurado sobre su deber de
deliberar en secreto a fin de dar a la audiencia el veredicto, declarando al
procesado culpable o no culpable.
Para convencer al
jurado, cada parte deberá utilizar los elementos de convicción que consideren
sirvan de gran sustento para obtener una sentencia satisfactoria a sus
intereses. Como quiera que los jurados no tienen o no deberían tener
conocimiento alguno del derecho, su veredicto se basará principalmente en lo
que la razón y los sentimientos le digan, de allí que la parte que más humanice
la causa y que le llegue al corazón al jurado probablemente sea quien salga
favorecida con la decisión del jurado.
Por ello hay
quienes sostienen que esta institución es inservible y que produce inseguridad
en la ciudadanía, pues pone en libertad a verdaderos culpables en vista que
tiene o una muy buena defensa, o un muy mal fiscal.
En ese sentido, me
atrevo a plasmar en este ensayo mi posición al respecto, la que tal vez no será
aceptada por muchos sin embargo es mi criterio. Se dice –y estoy convencida-
que la cárcel está llena de inocentes, pues los verdaderos culpables están en
libertad y caminan al lado de quienes rogamos por un mundo más justo.
Y es que la
institución del jurado de conciencia en sí no es mala, sin embargo es necesario
fortalecerla para que pueda ser eficaz de forma tal que no haya los altos
grados de impunidad en nuestro sistema judicial.
Por un lado el
Ministerio Público deberá reestructurarse para que no se hagan los
cuestionarios escuetos y modulares a los cuales cualquier procesado ya sabe
inclusive tanto las preguntas como las respuestas. Amén a eso, la investigación
que adelante la fiscalía debe ser mucho más eficaz de forma tal que no haya
lugar a la duda en la mente de quienes sean considerados como jurado de
conciencia.
La misma palabra lo
dice JURADO DE CONCIENCIA, por ello estas personas deberán juzgar en base a la
razón y la razón no puede estar distante de los elementos que sirvan de
convicción al jurado de la culpabilidad del procesado.
Otro de los grandes
problemas que enfrenta nuestro sistema judicial, es que no hay suficientes
personas adscritas al Órgano Judicial para ser seleccionados como jurado de
conciencia y las que hay en muchas ocasiones se rehúsan a participar de los
juicios alegando que se encuentran enfermos, y esto es a causa del temor de
verse inmersos en problemas a causa de su veredicto.
Por lo anterior
–soy del criterio- que es preciso que Panamá fortalezca esta institución, pues
por un lado, abre la puerta para que no solamente sea el Estado quien juzgue a
un sujeto que está siendo procesado por la presunta comisión de un delito,
dándole paso al pueblo para que determine a través de su razón si la conducta
del sujeto le indica si es culpable o no culpable.
Cualquiera puede
engañar a un jurado, pues el jurado está conformado de personas comunes y
corrientes. Si a diario el ser humano por naturaleza puede engañar a otro a
efectos de no verse afectado por sus actos, ejemplo el marido que engaña a la
esposa (o viceversa) y luego debe mentir para no ser descubierto, o el hijo con
su madre, etc., cuanto más no lo podrá hacer una persona a la que se le
coartará su libertad. De allí que muy fundamental es que las pruebas y el
relato sea necesariamente creíble que, por más cuentos que otro diga, el jurado
quede convencido de mi historia de forma que no haya lugar ni siquiera a la más
mínima duda.
María J. Arrocha F.
Cédula
3-725-795.
lunes, 1 de diciembre de 2014
Diapositivas de las presentaciones de trabajos en grupo:
Diapositivas de
las presentaciones de trabajos en grupo:
David Carrillo y Edwin Vega - Los Procedimientos Simplificado y Directo:
María Arrocha y Caren Cabeza - Juicio ante el jurado de conciencia:
María Arrocha y Caren Cabeza - Juicio ante el jurado de conciencia:
Idaira Julio y Yalitza Quintero. Alegatos de Apertura y Alegatos de Conclusión:
Edwin Aldeano y Antonio Sánchez, La Prueba y Medios de Prueba:
sda
Marixel L. Ledezma - CONTRAINTERROGATORIO
Marixel L. Ledezma 4-714-1363
INTRODUCCIÓN
Cuando nos referimos a un contrainterrogatorio, este no
es más que un interrogatorio pero ejecutado por la parte oponente a la que
presentó el testigo al juicio, es por ello denomina de esa manera.
Este procedimiento ocurre cuando la contraparte confronta
a un testigo una vez haya sido interrogado. Suele ser el momento de los
juicios, ya que su finalidad es poner a prueba la verdad de los hechos.
Existen técnicas que tenemos que tener presentes y
manejar al momento de contrainterrogar tales como: ceñirse una tesis, mantener
el control y ante todo anticiparse a los
argumentos del adversario.
Al
momento de la presentación de un caso, tenemos que tener en cuenta que nos
enfrentaremos a las respuestas de nuestro adversario (el contrainterrogatorio) y tenemos que estar
preparados para ese momento, empleando las herramientas legales para llevarlo
en buena dirección, utilizando ya sea preguntas de si o no, o inductiva.
Para
poder rebatir es fundamental detectar
cuáles son los puntos débiles que existen en los argumentos del oponente en
cuanto a la veracidad de las pruebas.
Para eso es necesario escuchar para poder confirmar o rechazar pruebas claves
para el caso y podemos hacerlo simplemente escuchando al oponente.
Para
de esa forma, poder recusar a un testigo y poder demostrar que lo que esa
persona afirmo es falso.
La
recusación es un método efectivo para verificar los argumentos, logrando poner
en duda lo que dijo en un testimonio anterior un testigo y que luego vario.
Para
poder recusar es necesario hacer una recopilación de pruebas
Un
método sumamente eficaz para evitar explicaciones durante el
contrainterrogatorio seria limitar el turno de palabra del jurado, a través de
preguntas cortas e inductivas. Ya que en esta fase las preguntas abiertas puede
brindarle al jurado el espacio para exponer su posición de una manera que puede
resultar perjudicial para el caso.
No
obstante, hay que desacreditar los testimonios indirectos, que la mayor parte
no son del todo confiables. La gran mayoría de las respuestas que nos brinde
nuestro adversario suscitaran por las preguntas hechas, es hay donde tenemos
que tener la habilidad de debatirlas o pasarlas por alto. Por lo que lo más
recomendable es responder con hechos, logrando así frustar los intentos de la parte de anular
sus argumentos.
Dentro
de una refutación es vital que el adversario explique su postura, ya que es muy
usual que los testigos desfavorables se
aprovechen de la mínima oportunidad para
hacer afirmaciones que perjudique la tesis presentada por la parte contraria.
En
muchas ocasiones, es suficiente con reconducir la línea del interrogatorio en
lugar de refutar.
Presentado
el caso por parte del abogado y ya finalizado el interrogatorio directo, se interroga a la otro parte como respuesta con
la finalidad de que estos admitan las pruebas
que avalan sus argumentos o
desacreditan.
Tenemos
que tener presente al momento del
contrainterrogatorio no hacer repetición del interrogatorio directo, es decir,
el fin no es volver a mostrar las
pruebas ya expuestas y es fundamental que se presenten las ideas más
importantes al principio del contrainterrogatorio y al final.
Cabe
destacar, que para lograrlo hay que ceñirse a una tesis, mantener el control de
la situación aún en los momentos más
difíciles, y prepararse anticipadamente a los argumentos de la parte contraria,
indagando y recaudando la información.
Sin
duda alguna, el contrainterrogatorio conlleva a realizar una investigación
ardua, para poder llevarla de manera favorable con respecto al oponente, quien
seguramente se prepara igualmente, lo cual hace que se tenga que establecer una
estrategia para interrogar al testigo a la conveniencia de lo que se desea
dejar claro
Conclusión
El contrainterrogatorio tiene como fin el refutar en todo o en parte el testimonio
entregado en el interrogatorio directo.
Cabe destacar, que esta técnica de refutación no debe ser
improvisada, el interrogador
preferiblemente debe tener evidencia de refutación, basándose en una
declaración anterior donde el testigo haya dado una versión diferente.
Con el propósito de perjudicar o desacreditar la tesis
presentada por la parte contraria.
Al momento de un contrainterrogatorio es de vital importancia
el escuchar el interrogatorio directo, para así buscar debilidades dentro del
mismo, que sean favorables a mi tesis.
BIBLIOGRAFIA
·
Ganar Siempre. Estrategias de los Abogados
Autor: Lis Wielchl
Capítulo cinco
Paso 5: Cuestione las alegaciones de la
parte contraria: contrainterrogatorio
Editorial Vergara Editor, S.A.
2005
EDWIN VEGA R - Acuerdos en el Nuevo Código Procesal Penal de Panamá
EDWIN VEGA R
8-819-757
ENSAYO
Acuerdos en el Nuevo
Código Procesal Penal de Panamá
Este
ensayo trata, como lo describe muy bien el Título del mismo, sobre Los Acuerdos
en el Nuevo Código Procesal Penal de Panamá (aprobado mediante Ley No 63 de 28
de Agosto de 2008), que trae consigo el Sistema Penal Acusatorio.
Primeramente hay que resaltar, que
para los conocedores de los MARCS (por motivos de economía de palabras no los
mencionare, ni explicare su postura sobre el tema, ya que al fin y al cabo son
parecidas) Métodos Alternos de Resolución de Conflictos, estos “Los Acuerdos” a
pesar de encontrarse dentro del Título IV del Libro Segundo del C.P.P., Procedimientos
Alternos de Solución de Conflicto, no son considerados mecanismos alternos para
solucionar conflictos, como la Mediación o la Conciliación. No entrare a
debatir sobre el tema si es o no es un MARCS, ya que no es el propósito de este
ensayo; solo lo he escrito a manera de comentario ilustrativo, ya que
últimamente está de moda por así decirlo en nuestro país entre los juristas,
hablar sobre como esta estructura y organizado nuestro nuevo código procesal
penal (C.P.P.).
Mencionado esto procedo a avanzar de
lleno con Los Acuerdos, como ya Mencione se encuentran dentro del Libro Segundo
del C.P.P. en su Título IV, que de por cierto como aprendimos en clases, se
encuentra Vigente y aplica a todos los procesos penales a nivel nacional, por
motivos del artículo 557 del mismo código “Aplicación Temporal”; estos Los
Acuerdos son el Capítulo V del Título ya mencionado, específicamente normados
en el artículo No 220 del C.P.P.
Estos Acuerdos, no tienen nada que
ver con los acuerdos valga la redundancia, alcanzados en la mediación y la
conciliación, es importante conocer y comprender esta diferencia, ya que a
pesar de que los dos son acuerdos, estos (art. 220 C.P.P.) son distintos y
diferentes. Empezando como una de las
principales diferencias, que los mismos son celebrados entre El Ministerio
Público “Fiscal” y el imputado.
Los Acuerdos pueden realizarse a
partir de la audiencia de formulación de la imputación, que como ya aprendimos
la misma puede darse en “combo” o en conjunto con otras audiencias, hasta la
presentación de la acusación al Juez de Garantías, otra importante diferencia
ya que no aplica a mi modo de entender el período para derivar el conflicto
art. 207, que se da hasta antes de la apertura a juicio y aplica, para la
Mediación y la conciliación.
Estos acuerdos tienen varios fines,
pero podríamos decir que es posible dividirlos en dos grandes grupos, como lo
tiene establecido el artículo 220 del C.P.P. en el numeral primero, los
propósitos de los acuerdos es que el imputado, acepte los hechos que se le
formularon en la imputación o que se le van a presentar en la acusación o parte
de ellos, así como la pena a imponer, por lo que vemos lo primero que se
negocia es la aceptación o no aceptación de los hechos, que si son admitidos y
aceptados por el imputado en estos acuerdos, si le traerán consigo Culpabilidad, por lo que habrá
sentencia dictada por el Juez de Garantías en contra del imputado.
Este tiene la facultad de aceptar o
no aceptar los hechos que se le imputan o acusan, o bien puede el mismo
negociar y llegar a un acuerdo con el fiscal, en el cual el imputado acepta
parte de los hechos y no todos como se le viene señalando, esta acuerdo es
posible; en una o en otra forma, el propósito es la aceptación voluntaria del
imputado de los hechos, ya sea de manera total o parcial.
En estos el imputado y el fiscal,
pueden acordar cual será la pena a imponer, la cual el Juez de Garantías está
obligado a respetar lo acordado entre el fiscal y el imputado, no permitiéndole
condenarlo con pena superior a lo acordado por estos en el acuerdo. Además el Juez de Garantías una vez realizado
el acuerdo, no puede negarlo excepto en el caso de que se le desconozcan los
derechos y garantías fundamentales al imputado por parte del fiscal o cuando
existan indicios de corrupción o banalidad, que de por cierto a mi parecer es
un verbo muy ambiguo, que puede dejarle la puerta abierta a los Jueces de
Garantías, a través de la hermenéutica que le hagan al verbo de adquirir más
facultadas y poderes, de los que le confiere la norma.
Banalidad:
según RAE, es un adjetivo que define algo trivial, común, insustancial; por lo
cual los jueces podrán negar los acuerdos celebrados entre el fiscal y el
imputado, tildándolos de triviales, comunes, insustanciales, pocos importantes,
etc, etc, etc.
Como recomendación o sugerencia,
creo que esto debe modificarse, ya que sería muy contraproducente, que luego de
que el fiscal o la fiscal, utilicen sus herramientas en un negociación con la
defensa, en la cual han llegado lograr a un acuerdo y que este inclusive allá
dado su palabra como método de convencimiento y más importante aún Garantía
hacia esa persona, sea desechado porque se considere banal, hay que recordar que
el acuerdo no es un contrato que este si es Ley entre las partes, pero el fin,
el propósito del mismo es que se respete como tal, por lo cual norma limita al
Juez de Garantías.
El Juez de Garantías debe respetar
el acuerdo y no tiene la facultad de condenar al imputado por una cantidad
superior a lo acordado, pero es posible que al imputado se le imponga una pena
No Inferior a una tercera parte de la que correspondería por el delito.
El segundo grupo, contenidos en el
numeral dos del artículo 220 del C.P.P. no busca la confesión o admisión
voluntaria de los hechos por parte del imputado, sino que busca su colaboración
eficaz para con la Justicia, ya sea para el esclarecimiento del delito, para
evitar que se siga ejecutando el delito, para poder evitar que se lleven a cabo
otros delitos, o para que el imputado aporte información esencial para
descubrir a sus autores o participes.
De llegarse a este tipo de acuerdo,
es más que posible acordar una pena, ya que se puede acordar una rebaja de la
pena (sin establecerse hasta que punto líquido de cantidad numérica podría
rebajarse la misma, una sexta, una cuarta, un tercio, la mitad o toda la pena)
o inclusive podría ser aún más beneficioso para el imputado y no condenársele,
acordándose no formularle cargos en su contra, en el cual se procederá con el
archivo de su causa. Esto sucede siempre
y cuando el imputado no haya acordado comparecer como testigo principal, en ese
caso la no formulación de cargos y archivo del proceso, quedara en suspenso
hasta tanto el imputado cumpla con su compromiso acordado de ser testigo. Si este cumple con lo acordado, se procederá
a concederle el respectivo beneficio consagrado en el acuerdo ya celebrado, en
caso contrario o sea de no hacerlo, se procederá a verificar lo relativo a su
acusación.
Como se observa, siguen teniendo la
finalidad de obtener una confesión o admisión voluntaria por parte del imputado
y su colaboración en el proceso, ideas ya normadas en el artículo 2139 del
Código Judicial, sin embargo en el C.P.P. las mismas se encuentran mejor
ordenadas y explicadas.
Hay que señalar, que estos acuerdos
en ninguna parte del artículo 220 del C.P.P., hacen alusión a que los mismos
están restringidos a realizarse única y exclusivamente en los delitos
taxativamente tipificados como desistibles artículo 201 C.P.P., tal y como
sucede con el desistimiento, la mediación y la conciliación.
Por lo que pueden darse
negociaciones, sobre cualquier tipo de delitos, contra la vida, contra la fe
pública, etc, etc., entre el ministerio público y el imputado, toda vez que
como ya exprese con anterioridad estos acuerdos no están sometidos a realizar
únicamente con delitos que admiten desistimiento, los cuales tienen una pena
inferior a los cuatros años de prisión y son de competencia de los juzgados
municipales penales, en su mayoría.
Estos acuerdos, pueden o no pueden
considerarse como un método alterno de resolución de conflictos por los
conocedores en esta materia MARCS, pero de una u otra forma Los Acuerdos se
convierten en lo que consideramos en Derecho, una forma anticipada de
culminación del proceso, ya que con los mismos finaliza el proceso sin
necesidad de llevar a cabo todos los procedimientos que conlleva el mismo,
dicho de otra manera se termina el proceso anticipadamente, omitiendo ciertas fases
dentro del proceso; que de manera ordinaria o regular, no pudieran omitirse
para su finalización.
La transcendencia de lo expresado en
el párrafo anterior, es que al ser lo acuerdos una forma anticipada de terminar
el proceso, los mismos no llegan hasta la fase de juicio oral, por lo cual no
quedan expuestos a ser atacados a través del nuevo recurso de anulación (RECURSO DE ANULACIÓN INTERPUESTO POR EL LICENCIADO RIGOBERTO
VERGARA, EN EL PROCESO PENAL SEGUIDO A EDUARDO CERVANTES RODRÍGUEZ, POR LA
SUPUESTA COMISIÓN DE DELITOS CONTRA EL ORDEN JURÍDICO FAMILIAR Y EL ESTADO
CIVIL. PONENTE: HARRY A. DÍAZ. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ENERO DE DOS MIL CATORCE
(2014).
KARINA SALAZAR - RECURSO DE REVISIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO PANAMEÑO
RECURSO DE REVISIÓN
EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO PANAMEÑO
Si bien es cierto los recurso como
tales son medios impugnativos, que reconoce la ley, los cuales tienen como fin
obtener la modificación o invalidación de una resolución judicial, cabe señalar
que los recursos permiten corregir los errores dados en la práctica.
El Código Procesal Penal contempla
el derecho al recurso, los cuales son ventilados bajo un nuevo esquema de
presentación, ya que son de índole argumentativa y establece en si una garantía
a la tutela judicial efectiva, además es
importante señalar que solo las partes pueden recurrir en el juicio, sin
embargo resulta de suma importancia señalar que en el recurso de revisión se
encuentra legitimado el conyugue del imputado siempre y cuando este haya
fallecido.
Al entrar en el tema del recurso de
revisión podemos destacar que es este contempla el derecho que tiene un imputado
a una revisión de su condena por un tribunal superior, siendo este un derecho
sujeto a condiciones ya que debe cumplir ciertos requisitos y presupuestos
procesales, este recurso busca un control de corrección del juicio realizado en
primera instancia, por lo cual se revisa la correcta aplicación de las reglas
que han permitido la declaración de culpabilidad e igualmente la imposición de
la pena en cada caso en concreto.
Dentro de las causales del recurso
de revisión podemos señalar, la falsedad, el prevaricato, cohecho u otro
delito, los elementos de pruebas como que el hecho no tenga existencia alguna o
que el imputado no haya cometido el delito en cuestión; que haya dejado de ser
un delito violento, que se hayan ignorados algún tipo de prueba que haga
evidente que el hecho no se ejecutó o que el imputado no lo haya cometido.
En cuanto a las formalidades que
conlleva el recurso de revisión podemos destacar que es interpuesto ante la
sala penal, que el memorial debe contener: la sentencia y la revisión
demandada, el tribunal que lo expide, el motivo, la clase de sanción, la causal
o causales y por último el fundamento de derecho.
Este recurso tiene sus efectos
dentro de los cuales podemos mencionar los siguientes: se puede conceder la
fianza, mantiene una acción restaurativa, es decir la devolución de la multa y
por último la responsabilidad del estado
Ahora bien debemos señalar que el
recurso de revisión se encuentra contemplado en nuestro Código Procesal Penal,
en los artículos 191-197, los cuales analizaremos a continuación.
El
código contempla las causales en el Artículo 191, donde se señala taxativamente
cinco causales para que proceda este recurso veamos:
La revisión de una
sentencia firme procederá, en todo tiempo y únicamente a favor del sancionado,
por cualquiera de las siguientes causales:
1.
Cuando la sentencia impugnada se haya fundado en prueba documental o
testimonial, cuya falsedad se haya declarado en fallo posterior firme o resulte
evidente aunque no exista un procedimiento posterior.
2.
Cuando la sentencia condenatoria haya sido pronunciada a consecuencia de
prevaricato, cohecho u otro delito, cuya existencia se haya declarado en fallo
posterior firme.
3.
Cuando después de la sentencia sobrevengan hechos nuevos o elementos de prueba
que solos o unidos a los ya examinados en el procedimiento hagan evidente que
el hecho no existió, que el imputado no lo cometió o que el hecho cometido no
es punible o que corresponde aplicar una norma o ley más favorable.
4.
Cuando el acto ha dejado de ser delito o se violenta la competencia o la
jurisdicción territorial.
5.
Cuando la sentencia impugnada haya ignorado pruebas que hagan evidente que el
hecho imputado no se ejecutó, que el imputado no lo cometió, que el hecho
cometido no es punible o que corresponde aplicar una norma o ley más favorable.
El
rechazo de la solicitud de revisión no impedirá un nuevo pedido fundado en
motivos distintos.
Si bien este artículo establece las
causales para que proceda este recurso, el numeral uno es claro al indicar que
si una resolución se basó en una prueba ya sea documental o testimonial y que
dicha prueba es declarada falsa procederá la revisión contra esta resolución,
ya que una prueba falsa lleva a la negación total o parcial de la verdad, es
decir una prueba fabricada que no tiene relación alguna con la realidad, por lo
que ha tratarse de una resolución de condena de un imputado se encontraría en
pleno derecho de que dicha resolución sea revisada; el numeral dos señala que
procede si la sentencia condenatoria es dictada a consecuencia de prevaricato,
es decir que el administrador de justicia este integrando al proceso intereses
personales lo cual produciría una sentencia no apegada a derecho, o que sea
dictada en cohecho, es decir que el funcionario o administrador de justicia
reciba dinero a cambio del fallo de la resolución condenatoria; el numeral tres
establece que después de dictada la sentencia se dé la existencia de nuevos
elementos de pruebas, los cuales hagan evidente que no existe el hecho o que el
imputado no cometió el hecho punible en cuestión; el numeral cuatro menciona que procede
igualmente este recurso cuando el acto en discusión haya dejado de ser delito,
es decir que no es contemplado por nuestra normativa penal o igualmente si se
ha violentado la competencia o jurisdicción territorial, es decir que dicho
tribunal no sea competente para llevar el caso o que hay sido instaurado en un
área donde no se da la ocurrencia del hecho punible.
En
el Artículo 192 contemplas las personas legitimadas, que podrán pedir
la revisión:
1. El
Ministerio Público, a favor del imputado.
2. El
sancionado o el defensor.
3. Las
asociaciones de defensa de los derechos humanos o las dedicadas a la ayuda
penitenciaria o postpenitenciaria, si el sancionado las autoriza expresamente.
4. El
cónyuge o conviviente, los ascendientes o descendientes del sancionado, si este
hubiera fallecido o sufra incapacidad debidamente comprobada.
Este articulo destaca las personas que se encuentran en
plena legitimación, es decir son capaces
para solicitar el recurso de revisión, señalando taxativamente que puede
ser solicitado por el Ministerio Publico, las asociaciones de derechos humanos
autorizadas previamente por el imputado y por ultimo indicó como legitimo al
conjugue o conviviente siempre y cuando el imputado tenga incapacidad
comprobada este hubiese fallecido.
En el Artículo 193. Se contemplan las formalidades
que contempla este recurso
La revisión debe promoverse ante la Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia, mediante memorial indicando la sentencia y
revisión demandada, el Tribunal que la expidió, el delito que haya dado motivo
a ella, la clase de sanción impuesta, la indicación de la causal o causales que
la sustentan y los fundamentos de hecho y Derecho en que se apoya la solicitud.
Deben acompañarse las pruebas de los hechos fundamentales o indicar las fuentes
de estas.
Si bien este artículo indica
las formalidades que contempla el recurso de revisión señalando en primer lugar
que este recuso es presentado ante la sala penal y que dicho recurso debe
contener un memorial, el cual a su vez debe cumplir ciertas formalidad tales
como:
1. Sentencia y revisión
de la demanda
2. El tribual por el
cual fue expedido la sentencia a la cual se le está solicitando la revisión.
3. La clase de sanción
impuesta.
4. Causal o causales en
las cuales sustenta el recurso de revisión contempladas en el artículo 191 del
Código Procesal Penal.
5. Fundamento de hecho
y derecho
6. Y por último debe ir
acompañada de las pruebas fundamentales que certifiquen y evidencien la causal
aducida.
El
articulo Artículo 194 contemplan el traslado al Ministerio Público para que brinde su opinión.
Una
vez verificado el cumplimiento de los requisitos antes señalados, la Sala Penal
correrá traslado a la Procuraduría General de la Nación por el término de diez
días, la cual presentará su opinión de acuerdo con la defensa objetiva de la
ley.
Este
articulo indica que después de que el recurso interpuesto contenga la causal y
las formalidades establecidas y que haya sido interpuesta por una persona
legitimada, la sala penal correrá traslado al Ministerio público a fin de que
pronuncie su opinión en cuanto al recurso presentado.
El
Artículo 195 contemplar los términos de Audiencia. Cumplido el plazo del traslado,
la Secretaría de la Sala fijará la fecha de audiencia oral de sustentación
dentro de un periodo no mayor de treinta días, mediante providencia que será
notificada a las partes.
Las
partes no recurrentes podrán concurrir a la audiencia para ejercer el derecho
de contradicción exclusivamente sobre la demanda de revisión.
Terminada
la audiencia, la Corte Suprema de Justicia deberá proferir sentencia dentro de
los treinta días siguientes.
Para hacer más clara los
términos que se fijan en la audiencia para el recurso de revisión les
presentare un esquema a continuación que detalla el recurso de revisión desde
un inicio:
En
cuanto a los efectos de este recurso se encuentran en los artículos 196-197 de
este código veamos
Artículo 196. Efectos. Si la persona en cuyo
beneficio se presenta la revisión estuviera disfrutando de libertad caucionada
o de cualquiera medida cautelar personal diferente a la detención provisional,
continuará disfrutando de ella hasta tanto esta se decida en forma
desfavorable. Cuando la persona condenada estuviera privada de su libertad
podrá solicitar fianza de excarcelación y la Sala decidirá lo que proceda.
Artículo 197. Efectos
sobre la acción restaurativa. Cuando la sentencia que se dicte en la causa
revisada sea absolutoria, el procesado o sus herederos, además de su libertad,
tienen derecho a la devolución, por quien las haya percibido, de las sumas que
hubieran pagado como sanción o como perjuicios. En estos supuestos habrá lugar
a la responsabilidad del Estado.
En
esta normativa se manifiesta que si la persona sancionada mantiene una medida
cautelar distinta a la detención preventiva mientras se presenta el recurso de
revisión seguirá gozando de dicha medida, sin embargo si mantiene una detención
preventiva al momento que se presenta el recurso puede solicitar una fianza de
excarcelación y la Sala penal es la que tiene la potestad de decidir si dicha
solicitud de admite o si es rechazada.
El artículo 197 contempla igualmente los
efectos pero hace énfasis específicamente a la acción restaurativa, indicando
que si la sentencia que ha sido revisada previamente resulte de manera
positiva, es decir absolutoria, el procesado o sus herederos se encuentra en
pleno goce de solicitar ya que en derecho le corresponde la devolución de las
sanciones pagadas o bien los perjuicios ocasionados a su persona como
consecuencia de dicha resolución condenatoria que fue posteriormente absuelta,
además que podría generar a su vez responsabilidad del estado.
Derecho
comparado
Cuadro
comparativo entre
PANAMÁ
|
COSTA
RICA
|
|
Causales
Como vemos en cuanto a las causales
que mantienen ambos países son básicamente las mismas solo que en diferencia
nuestro país mantiene que se hay ignorado pruebas y costa Rica establece a
diferencia de Panamá la infracción de un juez, que los hechos resulten
inconciliables y el debido proceso oportunidad de defensa, como se observa
son bastantes parecidos la difencias son en detalles que contempla uno y otro
|
1. prueba falsa
2. prevaricato,
cohecho u otro delito, 3. nuevos o elementos de prueba
4. ha dejado de
ser delito o se violenta la competencia o la jurisdicción territorial.
5. ignorado
pruebas
|
1.
Cuando
los hechos resulten inconciliables
2.
prueba
falsa.
3.
prevaricato,
cohecho, violencia
4.
grave
infracción a sus deberes cometida por un juez
5.
nuevos hechos
o
nuevos elementos de prueba
6.
una ley
posterior declare que no es punible el hecho
7.
debido
proceso u oportunidad de defensa.
|
Personas
legitimas
Establece las mismas personas como
capaces para interponer el recurso solo se diferencia que panamá{a contempla
las asociaciones de defensa de derechos humanos
|
1. condenado o
Representantes legales.
2. El cónyuge, el conviviente
si falleció
3. El Ministerio Público.
|
1.
El Ministerio Publico
2.
El sancionado o defensor
3.
Las asociaciones de defensa de
Derechos Humanos
4.
El conyugue o conviviente
|
Formalidades
Son básicamente las mismas se
diferencia en detalles para panamá debe ser interpuesta ante la sala penal y detalla
el memorial y para costa Rica ante la
sala de casación penal, además de señalar que el escrito debe presentarse con
abogado, nuestro Código no lo señala taxativamente
|
La revisión será interpuesta, ante el Tribunal
de Casación Penal correspondiente. Contendrá, la referencia concreta de los
motivos en que se basa y las disposiciones legales aplicables. Se adjuntará,
además, la prueba documental Asimismo, deberán ofrecerse los elementos de
prueba que acrediten la causal de revisión invocada. El escrito se presenta
con defensor si no el tribunal nombrara de oficio
|
La revisión debe promoverse ante la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante memorial indicando la
sentencia y revisión demandada, el Tribunal que la expidió, el delito que
haya dado motivo a ella, la clase de sanción impuesta, la indicación de la
causal o causales que la sustentan y los fundamentos de hecho y Derecho en
que se apoya la solicitud. Deben acompañarse las pruebas de los hechos
fundamentales o indicar las fuentes de estas.
|
EFECTOS
Mantienen
los mismos efectos con la detención preventiva solo que en nuestro país se
habla de fianza de excarcelación y en Costa Rica de cambio de detención y
ambos contemplan la acción restaurativa.
|
No tiene efecto suspensivo pero se
puede cambiar la detención por otra medida, contemplan la acción restaurativa
|
Se puede solicitar fianza de
excarcelación cuando este detenido preventivamente y si tiene medida cautelar
distinta a la detención se quedara con ella hasta se resuelva además existe los
efectos de acción restaurativa
|
Términos
de juicio oral
Nuestra normativa establece los
términos explícitamente, sin embargo Costa rica señala el procedimiento pero
nos los términos solo el de 10 días que tiene el MP
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Admite revisión, diez días al MP,
recepción de pruebas, fija hora y fecha de audiencia
|
Diez días para la opinión del MP,
treinta días para la fijación de audiencia y treinta días para dictar
sentencia
|
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